MEXICALI BC (SBC).- De un tiempo a la fecha, el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez ha estado siendo objeto de infundados señalamientos a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación, con el objetivo de desacreditar su imagen pública. A lo anterior se añade la pretendida intención de promover su inhabilitación para ocupar un cargo de elección popular.
Detrás de esta campaña negra contra la figura del militar en retiro se advierte el temor de un grupo político bien identificado, ante la segura participación de Julián Leyzaola como candidato a la presidencia municipal de Tijuana en las elecciones de 2021.
Leyzaola ha sido candidato en dos ocasiones a la alcaldía de Tijuana y en ambas ha sido objeto de fraude electoral. Sus oponentes temen que, en una tercera oportunidad, el teniente coronel obtenga el apoyo mayoritario de la ciudadanía.
Julián Leyzaola Pérez es un hombre íntegro que ha demostrado como funcionario público un amplio conocimiento de los temas relacionados con el combate a la delincuencia. Como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana logró resultados nunca antes vistos en la disminución de los índices delictivos.
El Partido Encuentro Social considera que, hoy más que nunca, Tijuana requiere como alcalde a Julián Leyzaola Pérez para contener la terrible criminalidad que azota al municipio más poblado de la entidad. De igual manera, estamos seguros de que el señor Leyzaola será capaz de encabezar una administración honesta y competente.
Los principios rectores del Partido Encuentro Social pugnan por una comunidad libre de violencia, imprescindible para el progreso y el sano desarrollo de la sociedad. En ese sentido, El PES tiene en Julián Leyzaola Pérez una de sus cartas más fuertes para combatir la criminalidad y los actos de corrupción gubernamental.
En todo momento y circunstancia, el partido emprenderá las acciones legales pertinentes para proceder contra las personas o grupos que atenten contra la imagen del teniente coronel Leyzaola y los intentos de impedir su derecho constitucional a participar en los procesos electorales.