MEXICALIBC (SBC).- En sesión extraordinaria virtual, el Pleno del Congreso local aprobó con 19 votos a favor y 5 en contra, el dictamen uno de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, mismo que contiene una iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo estatal, la cual reforma la Ley Orgánica para la Administración Pública del Estado, a fin de crear la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua.
Mediante la iniciativa también se modifican diversos artículos de la Ley del Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua, la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado y de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo manifestó que “la realidad en Baja California es que las fuentes de abastecimiento de agua son limitadas, por lo que tanto su manejo y uso requieren que las actividades que se desarrollan en torno de la misma adquieran el sentido de sustentabilidad. Sin lugar a dudas, el problema más notable dentro del estado de Baja California es el proceso de agotamiento y deterioro que padecen sus cuencas y acuífero, por lo que es de vital importancia brindarle la atención necesaria para evitar que éste se agudice”.
Agregó que los problemas hídricos exigen una solución urgente, y que sólo si se le da una mayor importancia al agua y se asignan suficientes recursos para llevar a cabo las acciones contundentes para la protección de este recurso vital, será posible frenar la creciente problemática y mejorar la calidad de vida de la población. Indicó que, por ello, la administración estatal advierte la necesidad de contar dentro de su estructura con una dependencia dedicada especialmente a la vigilancia y protección del agua en Baja California.
El dictamen uno, leído por el diputado Elí Topete Robles, presidente de la Comisión de Energía, establece que la Secretaría será “la dependencia responsable de diseñar y coordinar la política pública en materia de gestión de recursos hídricos del Estado, así como fomentar el uso racional del agua”.
Por otro lado, dispone que será la encargada de planear, gestionar, regular, validar, supervisar, construir y coordinar los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reúso que correspondan al Estado, así como los sistemas de las mismas, por si o a través de las entidades paraestatales del sector a su cargo.
Asimismo, la Secretaría dirigirá la administración y operación de los organismos operadores del agua, encargados de prestar los servicios de conducción, saneamiento, comercialización, tratamiento y desalinización, bajo las figuras de organización que la propia Secretaría considere más conveniente y autorizada por las instancias legales y políticas correspondientes.
Además, tendrá la facultad de “participar en la celebración de convenios y acuerdos que el Ejecutivo del Estado realice con el municipio respectivo para fijar las bases y procedimientos, condiciones y términos conforme a los cuales se proceda, en su caso, a la transferencia del organismo operador, cuando un municipio considere que su capacidad administrativa y financiera permitan la instalación de la comisión municipal correspondiente”.
Gestionará ante la Federación la celebración de las concesiones y asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en cantidad y calidad, que estén bajo la administración y custodia del Estado y de la prestación de los servicios públicos de agua.
Por último, podrá tramitar la celebración de convenios con la Federación y los municipios, con la finalidad de mejorar y difundir permanentemente el conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, la oferta y demanda de agua, los inventarios de agua, suelo, usos y usuarios y de información pertinente vinculada con el agua y su gestión, así como la promoción de una gestión integrada de los recursos hídricos, con el apoyo que consideren necesarios como de usuarios del agua, de organizaciones de la sociedad y de particulares.
Cabe mencionar que se aprobó también por mayoría, una reserva al dictamen presentada por la diputada Carmen Leticia Hernández Carmona, a fin de garantizar que el Ejecutivo realice las acciones necesarias para la participación ciudadana en la normatividad en materia del agua.
