MEXICALI BC (SBC).- Derivado de una auditoria especial realizada por la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública se presentaron dos denuncias ante el Ministerio Público en Mexicali por el presunto fraude en el que podrían estar implicados ex funcionarios de Gobierno de la pasada administración.
La Secretaria, Vicenta Espinoza Martínez precisó que la primer denuncia corresponde a la investigación de presuntos pagos ilegales a cargo del erario público por 1 mil 200 millones de pesos en el cual están relacionados 14 ex servidores públicos, entre ellos funcionarios de gobierno de la anterior administración de la entonces Secretaría de Planeación y Finanzas y Oficialía Mayor.
Dentro de la investigación que se presentó en el Ministerio Publico se indica que no existe una documentación comprobatoria de que se efectuó el egreso, así como un registro contable mal utilizado, “hicieron cuentas alegres”, expresó la Secretaría de Honestidad y la Función Pública.
En este hecho podrían estar implicados14 ex servidores públicos por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas (Secretario de Planeación y Finanzas, Subsecretario de Finanzas y el Director de Egresos) y de Oficialía Mayor (Oficial Mayor, subsecretario de administración, director de adquisiciones, Director de Normatividad y Políticas Administrativas)
La Segunda denuncia, resultado de una Auditoría realizada por la presente administración de Gobierno de Baja California, corresponde a presuntas aportaciones al Partido Acción Nacional (PAN) y a una Asociación Civil, Centro de Estudios y Análisis Humanistas, ligada al mismo partido.
Vicenta Espinoza Martínez precisó que se realizó un descuento del 2% de manera catorcenal a los sueldos de empleados de Gobierno del Estado, del 28 de agosto de 2008 al 31 de octubre de 2019 para el beneficio de la A.C.
En dicha denuncia se señala a 26 ex funcionarios de gobierno que pueden estar involucrados, de Oficialía Mayor, así como de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
La titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública aclaró que, de ambas investigaciones penales existe una investigación administrativa de la cual se fincarán responsabilidades.
