La desaparición de los fideicomisos en las áreas de cultura y educación, prevista en el decreto presidencial del pasado 2 de abril, hará que México regrese a los años 50 o 60 del siglo pasado, cuando los proyectos artísticos y culturales estaban sujetos a la coyuntura, al corto plazo, y se olvidaba que se trata de actividades públicas que no se deben relacionar con una gestión en particular, sino ser transexenales, dice el ex procurador fiscal de la Federación Gabriel Reyes Orona.
En entrevista con La Jornada, considera que el grave problema en esos sectores es que aparentemente siempre se pueden dejar para después. El gobierno federal consideró a la cultura y la educación lo menos importante en las contingencias de 1976, 1982, 1987, 1994, 2002 y 2009, y siempre tomó recursos de ahí. Los fideicomisos lo habían evitado.
Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), los montos de algunos de estos fideicomisos en el área de cultura varían desde algunos centavos o un par de millones de pesos, hasta el máximo con 187 millones de pesos con los que cuenta el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).
La suma de estos recursos es ínfima en comparación al total que el gobierno federal espera recaudar con la extinción de los instrumentos: unos 250 mil millones de pesos, los cuales serían adquiridos por la Tesorería de la Federación a más tardar el miércoles 15 de abril.
Mecanismos de certidumbre
El ex director del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Héctor Juan Villarreal Páez, describe a los instrumentos específicos para cultura como pequeños, en los estándares del gobierno federal mexicano.
El del Fonca no llega a 200 millones, y hay cierta ironía, porque por su tamaño no justifican una estructura administrativa. La perversión endógena del sistema es que como no la tienen alguien puede decir que son opacos, comenta.
