TIJUANA BC (SBC).- Luego de que el Cabildo del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito autorizara este jueves 9 de enero una reasignación de 9 permisos de taxis, el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Volante “Fernando Amilpa” en Baja California, Baltazar Gómez Ruiz advierte que se cometió una violación a la ley que trata de la transferencia de esas facultades al Estado.
El dirigente transportista recordó que el pasado 27 de diciembre de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma de Ley que crea el Instituto de Movilidad del Estado de Baja California, y que, en su Transitorio Sexto dice a la letra:
“Publicado el presente decreto, los Ayuntamientos no podrán, en ningún momento, y bajo ninguna circunstancia, expedir, modificar o suspender permisos o concesiones, así como otorgar autorizaciones provisionales que modifiquen en todo o en parte los permisos y concesiones otorgados con antelación a la publicación del presente decreto”.
Por consiguiente, Baltazar Gómez enfatiza que la Presidenta Municipal Araceli Brown Figueredo y el cuerpo edilicio que aprobó lo que ellos llamaron una “cancelación y reasignación” de 9 permisos de taxis sin itinerario fijo, cometieron una violación legal, ya que no pueden ni cancelar, ni reasignar, ni aprobar permisos nuevos.
“Lo que hicieron, además, fue afectar a 18 compañeros: a 9 que les cancelaron, y a 9 que les dieron falsas esperanzas de convertirse en permisionarios, siendo que el Ayuntamiento, no solo de Playas de Rosarito, sino que ninguno de los otros municipios, no están autorizados ya para hacer ese tipo de movimientos”, explicó el dirigente sindical estatal.
“Quizá puedan justificarlo, pero es el Gobierno del Estado el que, en su momento, deberá evaluar si autoriza o desecha esos movimientos; por lo pronto, esas decisiones del Cabildo fueron ilegales, y eso demuestra que tuvimos mucha razón en pedir que el Gobierno del Estado asumiera esas responsabilidades, para que no se siguieran haciendo ese tipo de movimientos arbitrarios”, agregó.
Gómez Ruiz concluyó advirtiendo que la alcaldesa y el Cabildo completo tendrán que responder por esa violación a la ley, y hace un llamado a que corrijan o, que en su caso, el Gobierno del Estado, o el Congreso del Estado, intervenga.
