Después de tres años de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos (EU), su Gobierno está intensificando los esfuerzos para confiscar terrenos privados en el Sur de Texas para construir un muro con México. El Departamento de Justicia ha presentado tres demandas en lo que va de diciembre contra propietarios de tierras en el Valle Rio Grande, una franja de pueblos y granjas en el punto más cercano a la frontera. Se esperan muchas demandas en las próximas semanas.
La promesa de campaña de Trump ha enfrentado obstáculos políticos, legales y ambientales en Texas, que tiene la sección más grande de la frontera entre EU y México, la mayor parte de ella sin vallas. Y gran parte de la tierra a lo largo del Río Bravo es de propiedad privada y es ecológicamente delicada.
Casi ninguna de las tierras ha sido expropiada hasta ahora. El martes pasado, los abogados del Departamento de Justicia se movilizaron para confiscar tierras en un caso inmediatamente antes de una audiencia judicial programada para febrero.
La agencia dice que está lista para presentar muchas solicitudes más para apropiarse de tierras privadas en las próximas semanas. Aunque los avances han sido lentos, el proceso de confiscación de terrenos tiene un gran peso en favor del Gobierno.
Las autoridades estadounidenses apenas han construido unos 145 kilómetros de muro desde que Trump asumió el cargo, y casi todos ellos han sido para reemplazar cercas viejas.
Alcanzar la meta de 800 kilómetros para fines de 2020 requerirá casi con certeza un mayor avance en Texas.
Los opositores a los planes de Trump han presionado al Congreso para que limite los fondos e impida la construcción en áreas como el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana, un importante santuario para varias especies en peligro de extinción, como jaguares, aves y otros animales, así como el Centro Nacional de las Mariposas, una organización sin fines de lucro y una capilla católica histórica.
EL ÓRGANO INTERNO DE SEGURIDAD NACIONAL
Descarta irregularidades en muerte de menores migrantes
El órgano de control interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) concluyó que no hubo irregularidades ni faltas por parte de las autoridades de inmigración en relación con las muertes de dos niños migrantes ocurridas en diciembre del año pasado. En ambos casos los defensores de los migrantes pusieron en duda la atención médica que recibieron los menores de edad.
La Oficina del Inspector General informó sobre los decesos de Jakelin Amei Rosmery Caal Maquin, quien falleció el 8 de diciembre, y de Felipe Gómez Alonzo, quien perdió la vida el 24 del mismo mes.
Sus muertes marcaron el inicio de una crisis fronteriza que mostró que las autoridades de inmigración no estaban listas para manejar el enorme flujo de familias centroamericanas que buscaban asilo en EU y plantearon preguntas sobre la atención médica y el trato que recibían. Los cruces fronterizos han registrado un declive en los últimos meses luego de medidas enérgicas.
