* Se alista una campaña de denuncia de estos negocios clandestinos que operan hasta en las colonias más alejadas de la entidad.
* Se crearán y pondrán en marcha mesas de paz para fortalecer la seguridad social de los bajacalifornianos.
TIJUANA, B.C.- (SBC).- “Son una epidemia que amenaza la seguridad en Baja California”, así describió el Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, a las máquinas tragamonedas que operan clandestinamente en todo tipo de negocios.
“Estas maquinitas ilegales conocidas como “minicasinos”, han proliferado hasta en las tiendas más humildes de las colonias en toda la entidad causando un gran daño a la sociedad, pues los niños acuden a estos sitios, dejan de ir a la escuela, gastan el dinero de sus papas y además prolifera la venta de drogas en estos lugares, lo que abona a la criminalidad”, declaró el Jefe del Ejecutivo local al término de la reunión diaria de la Mesa de Seguridad llevada a cabo este lunes.
De acuerdo al mandatario Estatal, se busca atacar y erradicar esta problemática en los próximos tres meses, luego de la implementación de una campaña de denuncia y concientización denominada “Ponle dedo a la máquina”, que se dará a conocer a través de diversos medios.
Señaló que se presentarán diversas iniciativas de Ley donde serán contemplados como delitos graves el poseer o lucrar con este tipo de máquinas que causan adicción al juego en los niños y jóvenes y que también, son sitios utilizados para la venta de droga, lastimando severamente el tejido social.
Durante la mesa de seguridad se dio a conocer además la creación y puesta en marcha de las Mesas de Paz, las cuales buscan integrar las estrategias y líneas de acción para rescatar la seguridad social en Baja California.
La prevención del delito e implementación de programas sociales, serán determinantes para poder avanzar en la materia, así lo señaló, Isaías Bertín Sandoval, representante para Baja California de la SSPF.
Será el próximo miércoles cuando se sumen a los trabajos de las Mesas de Paz, representantes de DIF Estatal, de la Secretaría de Bienestar, Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia del Estado para trabajar en congruencia entre los diferentes sectores por el bien común de los bajacalifornianos.
