* Aún persisten procesos complicados, lentos y discrecionales, que impiden que los beneficios se otorguen de manera rápida y efectiva, observa
MEXICALI, B.C., (SBC).- Toda vez que las víctimas de delitos y de actos discriminatorios siguen en situación de vulnerabilidad, el diputado Víctor Manuel Morán Hernández presentó ante el pleno del Congreso una iniciativa de reforma y adición a la Fracción XIV del Artículo 6 de la Ley de Víctimas del Estado, para hacer valer sus derechos.
De acuerdo con las organizaciones civiles, colectivos, víctimas y expertos que forman parte del Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas, aún persisten procesos complicados, lentos y discrecionales que impiden que los beneficios se otorguen de manera rápida y efectiva, refirió el legislador.
Morán observó que, a pesar de que en el mes de octubre del año 2018 se publicó la Ley General de Víctimas del Estado, pero no se encuentra operando, y analizando los ajustes que se le han hecho en otras Entidades Federativas, es necesario adecuarla, para lograr el óptimo funcionamiento de la misma.
El proyecto de reforma indica que se hace evidente aún más la participación de la sociedad civil y el sector privado, de tal manera que se agrega el principio de “participación conjunta”, para que participen las Barras y Colegios de Abogados del Estado, así como las organizaciones no gubernamentales, sobre todo las que tengan por objeto la salvaguarda de los derechos humanos.
Por experiencias vividas en otras entidades, al burocratizarse la figura del asesor jurídico, se ha perdido la efectividad del litigio del asesor, y esta reforma y adición pretende perfeccionar los procedimientos para lograr de manera efectiva la aplicación eficiente de dicha Ley.
La propuesta de reforma y adición a la Fracción XIV del Artículo 6 de la Ley de Víctimas del Estado, es para quedar de la siguiente forma:
“Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, así como la intervención de las Barras y Colegios de Abogados del Estado, y organizaciones no gubernamentales que tengan por objeto la salvaguarda de los derechos humanos, debidamente registrado ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”.
“La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos”.
Conforme a lo expuesto en un conversatorio reciente sobre el tema, “se acreditó que sólo 13 entidades federativas han realizado una armonización integral de la Ley General de Víctimas”.
Se ha detectado que, en otros organigramas de otras entidades federativas, se da una excesiva burocracia, de tal suerte que, impiden el desarrollo efectivo de los beneficios que otorga la ley para con las víctimas, pues el auxilio a las referidas no es solo en lo económico, sino que también debe de ser en lo anímico, en su salud, en lo social, y en lo educativo, concluyó.
