* Eso no le decide un regidor, ni siquiera el Alcalde, por su cuenta propia, sino que debe ser decisión de Cabildo, y con estudio de factibilidad analizado previamente por el Consejo Municipal del Transporte
TIJUANA, B. C., (SBC).- El acuerdo entre algunas empresas transportistas con el regidor Arnulfo Guerrero y el alcalde Juan Manuel Gastelum Buenrostro, para reducir de 16 a 10 pesos la tarifa de transporte público en seis rutas de la Zona Este, no es una tarifa general y es ilegal, aclara el dirigente de la CTM Tijuana, Baltazar Gómez Ruiz.
En días pasados, autoridades municipales y las empresas Altisa, Tijuanenses, Siglo XXI y 24 de Febrero, signaron un convenio para el programa Circulo Virtuoso Ruta 10, para reducir la tarifa que cobran normalmente de 16 pesos a 10 pesos, lo que significa un ahorro del 40% a los usuarios de las unidades de esas compañías transportistas.
Aunque se trata de un arreglo particular, el secretario general de la CTM en Tijuana, Baltazar Gómez Ruiz advierte que no es una tarifa oficial, y puede generar confusión entre los usuarios de todas las demás unidades de transporte público que tienen rutas hacia la Zona Este de la ciudad.
“Existe el riesgo de que exijan a las otras empresas del masivo, y hasta a los taxistas, que les cobren menos, y, por una iniciativa populista del alcalde y del regidor Arnulfo Guerrero, nos pueden meter en complicaciones a todos los permisionarios y concesionarios, que hemos soportado las inflaciones y, realmente debería haber aumento de tarifa, pero no lo hemos solicitado, por solidaridad con los usuarios del servicio”, explicó.
En todo caso, señaló, la decisión de bajar o subir tarifas no le corresponde a un regidor, y ni siquiera al alcalde, por su cuenta propia, sino que debe ser un acuerdo de Cabildo, soportado por estudios técnicos de factibilidad analizados previamente por el Consejo Municipal del Transporte.
“Ellos no se mandan solos; es ilegal lo que hacen, aunque sea socialmente correcto, y sobre todo, políticamente oportunista; como puede notarse, deben respetar los procedimientos de ley y no imponer como dictadores; y la gente debe saberlo: no es una tarifa general y es ilegal; en el mejor de los casos, aplicable solo a las unidades de las empresas que celebraron el convenio”, subrayó.
Baltazar Gómez dijo que no duda de que esas son maniobras político-electorales del alcalde, que quiere reelegirse, y del regidor Arnulfo Guerrero, que va como primer regidor en la planilla que quieren registrar ante las autoridades electorales; “pero no son las maneras de atender el tema del transporte”.
“Durante años hemos demandado la solución, por ejemplo, a la competencia desleal que representan las unidades “piratas”, “clonadas” y amparadas, lo cual, por lo menos nos permitiría mantener la tarifa actual, sin sobresaltos”.
“Y si mejoran las condiciones con la baja de la gasolina, así como otras medidas que implementa el gobierno federal, a lo mejor iríamos por una baja a la tarifa; pero todo depende, como ven, de soluciones, un efectivo reordenamiento urbano, y las otras medidas citadas; pero nunca por decisiones unilaterales”, concluyó.
