La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla como presuntos responsables de ejecución arbitraria, trato cruel, detención arbitraria de dos menores, la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con dos personas fallecidas, en los hechos ocurridos en Palmarito Tochapan el año pasado, por lo que emitió la Recomendación 12VG/2018.
Recordó que los enfrentamientos armados ocurridos el 3 de mayo de 2017 en la comunidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, entre personas civiles dedicadas a la sustracción ilegal de hidrocarburos contra efectivos militares y servidores públicos federales y estatales, derivaron en la muerte de 10 personas -seis civiles y cuatro militares-; dejaron 26 lesionados -14 civiles y 12 militares- y 13 detenidos -nueve adultos y cuatro menores de edad.
El organismo solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) copias de las carpetas de investigación, a lo que ésta se negó, “lo que se traduce en falta de colaboración de dicha instancia”.
Tras su investigación, la CNDH contó con elementos para acreditar las violaciones graves a derechos humanos a la libertad personal y a la presunción de inocencia; a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia.
Indicó que esas violaciones consistieron “en la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12, incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de dos menores, la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con dos personas fallecidas, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla”.
El organismo dijo que también se acreditaron violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad atribuible a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y del Tribunal Superior de Justicia (TSJEP,) estos tres últimos en Puebla.
La CNDH manifestó su preocupación por la impunidad que impera en la sustracción ilegal de hidrocarburos, porque las personas detenidas por ese hecho no son puestas a disposición de la autoridad competente y cuando se inician las indagatorias respectivas no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetas a proceso, independientemente de la marginación y rezago que privan en comunidades de la “Franja del Huachicol” y falta de políticas públicas para el desarrollo de sus habitantes que permitan disminuir niveles delictivos, desempleo, pobreza y desigualdad.
Indicó que es imperativo que el personal ministerial estatal y federal practique las diligencias necesarias para acreditar la identidad de los probables responsables y, en su momento, ejercitar la acción penal en su contra.
“La CNDH está convencida que el Ejército Mexicano, ha coadyuvado de manera importante con las autoridades competentes en las funciones de prevención e investigación de los delitos para que, en su caso, se impongan las sanciones a quienes infrinjan las leyes, no obstante, ningún delito debe ser combatido con otro ilícito”, enfatizó.
“La obligación de salvaguardar el orden, la paz pública y los derechos humanos se traduce en determinadas formas de actuar por parte de las autoridades, así como en el fortalecimiento de las políticas públicas y de medidas eficaces para la prevención del delito”, agregó.
En la recomendación, la CNDH solicitó al titular de la Sedena y al gobernador de Puebla reparar integralmente el daño a todas las víctimas, colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado, así como en las quejas por manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, y que el secretario de Defensa colabore en la investigación, por la falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.
A la PGR le requirió continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar y colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de esa Procuraduría por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por conductas delictivas contra dos personas, así como dar seguimiento al procedimiento administrativo contra personal responsable de falta de colaboración en la investigación de los hechos.
A Pemex le pidió colaborar en la integración de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General estatal, que las instalaciones de esa empresa no se utilicen para resguardar a personas detenidas y colaborar en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos que autorizaron o consintieron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan.
Al gobernador de Puebla le solicitó implementar políticas públicas para solucionar y combatir al crimen en la “Franja del Huachicol”, además de dar seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de la SSP por omisiones en dictámenes respecto de lesiones sufridas por ocho personas.
Al Fiscal General de Justicia del Estado le demandó continuar las carpetas de investigación iniciadas por homicidio de tres personas, dar seguimiento a la queja que se formule ante la correspondiente Visitaduría General por omisiones en la integración de las citadas carpetas de investigación, colaborar en la investigación ministerial y procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común involucrado en la retención ilegal de cuatro menores de edad e instruir que las investigaciones ministeriales en que estén involucradas personas relacionadas con el robo de hidrocarburos se integren y determinen a la brevedad, conforme a derecho.
Al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado le recomendó colaborar en la queja que se formule ante la Comisión de Disciplina de dicho Tribunal por las imprecisiones que se observaron en las necropsias que peritos del TSJEP practicaron a nueve cadáveres, incluidos cuatro elementos del Ejército Mexicano y una persona menor de edad.
