TIJUANA BC (SBC).- El Pleno del Congreso del Estado aprobó una serie de reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado, una de las cuales tiene como finalidad garantizar el derecho a la seguridad social de los miembros de las corporaciones policías locales, así como de sus familiares.
Lo anterior se desprende de los dictámenes elaborados por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil (Csppc), y sometidos a debate parlamentario en la sesión ordinaria celebrada este día, los cuales fueron aprobados de forma unánime.
Los trabajos se desarrollaron bajo la conducción de la diputada Rocío López Gorosave, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva de la XXII Legislatura, donde se presentó ante el Pleno el dictamen número 8 de la citada comisión legislativa que preside el diputado Job Montoya Gaxiola.
El objetivo de esta reforma es adicionar el artículo 131 del mencionado ordenamiento con un bis que agregaría: “Sin perjuicio de que se establezcan otra clase de medidas dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Ayuntamientos del Estado y, en su caso, el titular del Poder Ejecutivo, buscarán la coparticipación de recursos con la federación, con el fin de implementar y fortalecer el derecho a la seguridad social de los miembros, sus familiares y dependientes económicos.
La iniciativa fue presentada por el diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, quien ponderó la necesidad de crear un mecanismo de ayuda de seguridad social para los miembros de las corporaciones policíacas del Estado y Municipios.
También se aprobó el dictamen número 10 de la Csppc relativo a adicionar una fracción XII al artículo 36 de la citada ley, con el propósito de que tanto el ejecutivo como los Ayuntamientos busquen una coparticipación de recursos con la federación, con el fin de fortalecer el derecho a la seguridad social de los elementos policiacos, así como de sus familiares y dependientes económicos.
Esta iniciativa fue presentada por el diputado Juan Eugenio Carpio Ascencio, quien ocupó temporalmente la curul del diputado Alejandro Arregui Ibarra.
Finalmente, el Pleno aprobó una iniciativa propuesta por el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, con la finalidad de reformar los artículos 66 y 67 del mismo ordenamiento.
En este caso, se aprobó adicionar el texto de los artículos para adecuar la figura denominada “Padrón de Arrendamientos”, el cual constituye una base de datos que sirve como apoyo a diversas autoridades en materia de investigación y procuración de justicia, así como a las autoridades judiciales, por lo que se precisa que el propietario del inmueble, el poseedor debidamente reconocido o el apoderado legal, deberá proporcionar la información requerida, en lugar de: “Los particulares” como dice la ley vigente.
