TIJUANA BC (SBC).- Para lograr producción y consumo más amigables con el medio ambiente se requiere no solo fortalecer la inspección que realizan las autoridades, sino también más estímulos fiscales, más certificaciones voluntarias y que en las compras de gobierno se elijan a proveedores que ayuden a crear mercados “verdes”.
Así lo consideró el ingeniero José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación Ambiental (CIGA), afirmando que a la regulación gubernamental que utiliza inspección y vigilancia para obligar al cumplimiento, debe sumarse la certificación voluntaria de las empresas, pues ambas rutas se complementan en la gestión ambiental.
“Se necesitan instrumentos económicos y de mercado que estimulen conductas de bienestar y desincentiven actitudes antisociales; también un consumidor más inteligente e informado, para así empoderarlo y que patrocine con su consumo solo servicios y productos de empresas que sí cumplen con la normatividad ambiental”, comentó.
Se requiere, añadió, que las compras de gobierno estimulen la construcción de mercados verdes y detonen la economía de escala; etiquetados verdes; estímulos fiscales; reconocimiento público; responsabilidad social; un ecosistema que favorezca negocios y empresas con arraigo y compromiso con su entorno y sus trabajadores.
“Es cierto que se necesita una estructura más amplia de policías o inspectores, pero también faltan recursos materiales, equipamiento, capacidad jurídica para seguimiento, trabajo de campo, mecanismos anticorrupción, todo un andamiaje para garantizar un mínimo de éxito, medido muchas veces en el número de sanciones impuestas”, opinó.
José Carmelo Zavala destacó que, en la escala nacional, el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad (PLAC) son buenos ejemplos, aunque desde luego tienen áreas de oportunidad de mejora.
Recordó que este año la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través del PNAA, entregó el Reconocimiento de Excelencia Ambiental a 58 empresas de alto desempeño ambiental de todo el país, con las cuales suman 151 las instalaciones certificadas en la presente administración federal.
“En 2017 estos corporativos redujeron las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 3.5 millones de toneladas, cantidad que generan 684 mil vehículos compactos durante un año”, afirmó citando un comunicado emitido por la Semarnat el pasado 18 de julio, en donde se detalla que este año recibieron el reconocimiento compañías del ramo energético, alimenticio, cementero, minero, automotriz, cervecero y manufacturero.
Según el comunicado, la certificación y metodología del PNAA ha coadyuvado para que en 2017 las empresas inscritas voluntariamente reduzcan el consumo de agua en 20.4 millones de metros cúbicos, equivalentes al gasto de 203 mil personas en un año, y se ahorraron casi 2 mil 94 millones de kilowatts, lo que representa el consumo de 3.6 millones de personas.
A nivel estatal, opinó que el Programa de Alto Desempeño Ambiental (PADA) es buen ejemplo, al ser voluntario y reconocer los esfuerzos más allá de la normatividad ambiental que regula a las empresas, identificando los impactos positivos al ambiente que conlleva la producción más limpia, la aplicación de mejor tecnología y todo aquel medio que mitigue y/o reduzca los impactos al ambiente producidos por los procesos productivos.
En la escala municipal, destacó que también contribuye el programa Comercio Ecológico Confiable; sin embargo, destacó que tanto este programa, como el PNAA, el PLAC y el PADA, requieren de mayor impulso, aun reconociendo los éxitos parciales y su contribución e impactos positivos al medio ambiente.
“Aunque los programas de escala estatal y municipal son muy modestos en sus resultados, el concepto es virtuoso y requiere de una mayor motivación; por ejemplo, podría ser que los recursos generados en el mismo sector se apliquen para ampliar y profundizar el alcance de los programas voluntarios, con imaginación e innovación para ampliar el concepto”, dijo.
Nunca podremos, consideró José Carmelo Zavala, tener la mitad de la población siendo policía de la otra mitad de la población, sería un absurdo aspirar a eso; lo que sí podemos lograr es promover una mayor educación y cultura ambiental para ser responsables, sin que necesariamente alguien nos esté vigilando.
“Premiar y estimular lo deseable, penalizar lo que no queremos; estructuras de inspección y control pequeñas con sanciones ejemplares; regulación simple, sin margen de discrecionalidad; grandes y fuertes programas de estímulos de mercado y reconocimiento social que estimulen la producción y consumo limpios”, complementó.
Asimismo, finalizó, políticas públicas alineadas, articuladas y coherentes con grandes estrategias “paraguas” como pueden ser los conceptos de cambio climático, biodiversidad y economía circular; además, una participación social efectiva, en ejes transversales de educación y cultura sobre la sustentabilidad para caminar juntos hacia un futuro posible.