El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció este lunes que Estados Unidos desplegó una campaña de “chantaje y amenaza” contra los gobiernos de la región para que aprueben una resolución que suspenda a Venezuela de la OEA.
“El gobierno de Estados Unidos en estas semanas ha desarrollado una campaña criminal, macabra, de chantaje y amenaza a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe (…)”.
“Cada vez que se acerca una asamblea general de la OEA, vemos la misma película”, dijo Maduro.
Según el mandatario, Washington ha amenazado a estos países con quitarles “ayudas económicas, posibilidades de financiamiento (…), flujos de turismo” y con represalias a sus migrantes en Estados Unidos.
Maduro ratificó su decisión de retirar a Venezuela de la OEA, un proceso iniciado el año pasado y que finalizará en abril de 2019.
“Nosotros denunciamos a la OEA y nos vamos de la OEA, del ministerio de colonias, nos vamos de la OEA, ratificado, ya van 13 meses de los 24 que tenemos que esperar para que sea efectivo. Cuando Venezuela salga de la OEA vamos a hacer una gran fiesta nacional”, expresó.
El gobernante afirmó que “el imperialismo está obsesionado” con el país petrolero porque quiere arrebatarle sus riquezas naturales. “Vamos a salir airosos, victoriosos de esta batalla”, añadió en un congreso del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Estados Unidos y otros seis países plantearon este lunes iniciar el procedimiento para eventualmente suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) por ruptura del orden democrático, según un documento que se debate en la 48ª asamblea del organismo en Washington.
El texto presentado por Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Perú, que se espera sea votado el martes en el pleno de la asamblea, fue rechazado por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, como “un acto injerencista”.
Esos países desconocen los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, en las que Maduro fue reelegido, por considerar que el proceso es ilegítimo.
El documento que se discute en la OEA propone aplicar los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana cuando se produzca una “alteración del orden constitucional que afecte gravemente” el orden democrático de un Estado miembro.
Para aprobar una resolución en la OEA es necesario contar con mayoría simple, esto es, 18 votos.
