* Se carece de Sistema Codis, tampoco cuentan con Protocolo Homologado de Búsqueda, y por supuesto, no hay Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
TIJUANA, B. C. (SBC).- En términos generales se puede decir que son de tipo político y económico los motivos por los cuales el gobierno y el Poder Legislativo se resisten a legislar en materia de atención a víctimas de desapariciones forzadas, advirtió el presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Ocegueda Flores.
En el foro semanal de la Asociación Nacional de Periodistas A.C. (ANPAC) el mencionado dirigente social hizo la observación de que mientras a nivel nacional se aprobó el pasado año 2017 la Ley General Contra las Desapariciones Forzadas, y en 29 estados ya hicieron lo propio también, solamente Baja California y Guanajuato se resisten a legislar al respecto.
Recordó que en el caso de Baja California, donde se pretendía desde hace años ser vanguardia en esa materia, diputados locales le decían que esa ley es “políticamente incorrecta”, “porque no genera dinero, y en cambio sí quita mucho, por lo que se refiere a las reparaciones del daño”.
Sobre todo, agregó, porque resaltaría las fallas en los sistemas de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tal y como ya se están notando con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con la diferencia de que hasta ahora no se obligan al pago de reparaciones de los daños.
Señaló que mientras a nivel nacional ya se cuenta con un Fiscal Especial para la atención de víctimas de desapariciones forzadas, con un presupuesto de 1200 millones de pesos, en Baja California les ha dicho que no es necesario un presupuesto de 80 millones de pesos, sino de 20, iniciando con un fondo de 4 millones de pesos, aprovechando ciertas infraestructuras.
Pese a esos ahorros, prosiguió, a lo que se resisten es a la idea de lo que tendrían que erogar en reparaciones del daño, porque se entiende como víctimas no solamente a los desaparecidos, sino a la familia: padre, madre, hermanos, hijos, y por cada uno, luego de pasados 15 años de la desaparición, deben dárseles 800 mil pesos, de tal manera que se ha llegado a entregar hasta 5 millones de pesos a una familia agraviada de 6 integrantes de línea consanguínea directa.
Sin embargo, Fernando Ocegueda observó que a nivel nacional han recibido ese derecho 164 personas, en un lapso de cinco años, gracias a una Ley General de Víctimas aprobada en enero de 2013, y que a nivel Baja California tampoco quieren aprobar.
Y no solo hay resistencia en materia legislativa, por las afectaciones que a su vez también elude el gobierno estatal… ni siquiera contamos con herramientas ni medios técnicos necesarios para la búsqueda de desaparecidos, como es el Sistema Codis, que es el banco de datos de perfiles genéticos, el cual existe en México, pero al cual deberían conectarse todos los estados de la República.
Tampoco contamos con un Protocolo Homologado de Búsqueda propio, y por supuesto, como no han aprobado las leyes antes mencionadas, no existe una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Es vergonzoso todo lo anterior, apuntó, porque Baja California ocupa, con 1275 personas, el séptimo lugar con más reportes de desaparecidos, después de Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León.
La asociación que encabeza, dijo Fernando Ocegueda, ha atendido casos de 350 desaparecidos desde el 2009 a la fecha, y han logrado encontrar a 23 de ellos, lamentablemente muertos, la mayoría de ellos, entregados sus cuerpos a sus familiares, y 6 que fueron encontrados en Centros de Rehabilitación para adictos a drogas.
Por otro lado, se encuentran en proceso de lograr asilo político en Estados Unidos a tres familias, y seis más cuentan con acompañamiento de policías federales y su botón de pánico.
En las búsquedas han recopilado 700 perfiles de ADN, y aparte, en el predio conocido como “La Gallera”, donde operaba el famoso “pozolero” desde 1984 a la fecha en que fue detenido (2009), en una afanosa búsqueda de restos óseos se logró al fin recopilar un total de 480 bolsas, que representan igual número de cuerpos, de los cuales ya se están practicando las pruebas de ADN.
Respecto de esos restos y las pruebas que en su momento hizo la PGJE de Baja California, cabe observar que no se han entregado los resultados a la PGR, por lo que la instancia federal sigue haciendo lo suyo, acotó.
Incluso, trascendió que la semana pasada la fiscalía especializada del estado “convocó” a realizar nuevas tomas de ADN, y solamente acudieron 10 personas, debido a que no se hizo la difusión adecuada, por todos los medios, sino solamente a través de la página de la misma PGJE.
Finalmente, Fernando Ocegueda criticó el hecho de que la Procuraduría y los legisladores compliquen las investigaciones, ya que existen cinco diferentes clasificaciones de desapariciones, y se pierden las primeras 72 horas de investigar, por estar haciendo los interrogatorios a los denunciantes de esos casos de desapariciones.
