ESTADOS UNIDOS (SBC).- Una pequeña compañía de reciente creación en Nebraska, a la que le fue adjudicado el primer proyecto de construcción del muro fronterizo bajo el gobierno del presidente Donald Trump, es una ramificación de una empresa constructora que fue demandada varias veces por no pagarle a subcontratistas y que en una auditoría gubernamental de 2016 fue acusada de prácticas de facturación sospechosas.
SWF Constructors declara tener sólo un empleado en su oficina de Omaha. Aun así, en noviembre ganó un contrato federal de 11 millones de dólares como parte de un proyecto para reemplazar más de 3.2 kilómetros (dos millas) de una valla actual, sustituyéndola con barreras tipo poste de 9.1 metros (30 pies) de altura en Calexico, California. El proyecto representa una parte del plan de Trump en su central promesa de campaña de construir un muro en la frontera con México.
No queda claro por qué SWF fue incluida en la contienda para la licitación por el contrato del muro en lugar de Coastal Environmental Group, una empresa con sede en Edgewood, Nueva York, que en documentos en internet del gobierno aparece como su propietaria.
Thomas Anderson, un abogado de Omaha que en un principio representaba a un subcontratista que demandó a Coastal en 2011 por falta de pago, dijo que no le sorprendería que se tratara de un intento de la compañía de esquivar el escrutinio de las autoridades por sus problemas legales anteriores. Agregó que tales prácticas son relativamente comunes en los proyectos de construcción.
“Si uno levanta un poco de polvo en el camino, hace que el camino sea más difícil de rastrear”, indicó Anderson.
Richard Silva, que en los documentos del gobierno aparece como el principal contratista tanto para SWF como para Coastal, no respondió a varios mensajes dejados por The Associated Press por teléfono y correo electrónico en busca de comentarios. Los mensajes dejados en un buzón general de mensaje de voz de Coastal tampoco fueron respondidos.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército en Fort Worth, Texas, también se postuló para el proyecto del muro en Calexico, de acuerdo con los registros federales. La agencia señaló que para el jueves por la noche proporcionaría información sobre el proceso usado para verificar a SWF. No respondió a una llamada de seguimiento realizada el viernes en busca de información.
En 2011, el gobierno federal demandó a Coastal a nombre del cliente de Anderson como parte de un proyecto multimillonario de limpieza de plomo en un sitio en el noreste de Omaha, enlistado en el programa EPA Superfund de limpieza de lugares muy contaminados. En la demanda se acusó a Coastal de no pagar al subcontratista, Enviroworks Inc., cerca de 400 mil dólares en costos de trabajo y equipo, y de incumplir un acuerdo de participación en las utilidades que le debía generar al subcontratista aproximadamente 1.7 millones de dólares.
Los abogados del gobierno afirman que, como Coastal se negó a pagar, el subcontratista se vio obligado a despedir a la mayoría de sus empleados. De acuerdo con la demanda, inmediatamente después de que los trabajadores fueron notificados de su despido, “Coastal contrató y usó a los empleados de Enviroworks como empleados propios y siguió realizando el trabajo que a Enviroworks le correspondía hacer”.
La demanda se resolvió con un acuerdo en 2015 por una cantidad no revelada.
