OCTAVIO DÍAZ GARCÍA DE LEÓN
En Chihuahua se descubrió una red de corrupción para llevar recursos ilícitos a las campañas políticas del PRI en 2016 | Octavio Díaz García de León
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De acuerdo con notas periodísticas que aparecieron en los periódicos Reforma y The New York Times, en Chihuahua se descubrió una red de corrupción para llevar recursos ilícitos a las campañas políticas del PRI en 2016.
1,200 millones de pesos
El monto desviado por su anterior gobernador, César Duarte, supera los 1,200 millones de pesos, aunque no todo este dinero se fue a campañas sino también a los bolsillos de los funcionarios.
Así, por lo menos 246 millones de pesos habrían sido desviados hacia el PRI. La Fiscalía General de Chihuahua por lo pronto ya ha encarcelado a varios operadores del ex gobernador Duarte y a quien fuera secretario del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez, operador a su vez de Manlio Fabio Beltrones cuando era presidente de este partido.
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El fraude apunta a autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Hacienda (SHCP) para transferir dinero a los gobiernos de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas. En el caso de Chihuahua, la SHCP firmó un convenio de “Fortalecimiento Financiero” hasta por 275 millones de pesos de donde se tomaron los 246 que luego fueron a dar al PRI.
Una vez recibido el dinero en Chihuahua, se desviaron los recursos simulando adquisiciones del gobierno del estado a proveedores fantasma, supuestamente creados y designados por los operadores del PRI, para de allí transferir el dinero en efectivo a dicho partido.
Esos millones no los harían ganar
Los operadores del PRI habrían cometido dos errores graves: pensar que con estos recursos ganarían las elecciones y que, en caso de perder, la oposición no les haría nada. No contaban con que en Chihuahua el PAN ganó las elecciones con un candidato muy combativo, Javier Corral, dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.
La paradoja es que Javier Corral es muy cercano a Pancho Barrio, aquel secretario de la Contraloría federal en el sexenio de Fox que intentó combatir la corrupción desde el lugar equivocado porque, como hemos visto, en Chihuahua quien está en encarcelando a los corruptos no es la contralora de dicho estado sino su Fiscal General.
En el sexenio de Fox, los casos se murieron en la PGR no en la secretaría de la contraloría, ya que Barrio no tuvo todo el apoyo que requería para combatir la corrupción. Por cierto, aquella vacilada de los peces gordos la dijo Fox, no Barrio.
La investigación en Chihuahua no ha terminado. La SHCP que autoriza el gasto de 5 billones de pesos al año, tal vez no se dio cuenta que los 275 millones que autorizó transferir a Chihuahua estaban destinados para apoyar campañas políticas. Por lo pronto dicha secretaría comenta que no hubo nada ilegal.
Asimismo, el ex presidente del PRI, Beltrones, descalificó las acusaciones diciendo que se trataba de declaraciones de testigos colaboradores; por su parte la Fiscalía de Chihuahua también dijo que había pruebas documentales de los ilícitos.
No cabe duda de que, de ser ciertas las acusaciones, resultan muy graves para los involucrados y exhiben la incapacidad de las instituciones electorales para detectar este tipo de irregularidades.
Lo publiqué aquí hace algunas semanas: la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) fracasa ante los movimientos ilícitos de dinero.
El caso de Chihuahua, de comprobarse, sería prueba de ello: una red de corrupción, una conspiración desde las más altas esferas del poder, un esquema de lavado de dinero para manejar efectivo evitando dejar huella, un contralor del Estado cómplice para ocultar las fechorías y el INE no detectó nada.
Las próximas elecciones
Ante las elecciones de 2018, lo más importante es impedir que algo similar vuelva a ocurrir. Ojalá que esta lección de cómo combatir la corrupción y el fraude electoral sea aprovechada por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el INE de cara a las próximas elecciones. La principal institución para combatir la corrupción deberá ser la Fiscalía Anticorrupción y los demás integrantes del SNA tomando un papel de soporte.
El INE no debe limitarse solo a su proceso de fiscalización actual ya que podría ser insuficiente y realizar su trabajo junto con otras instituciones, especialmente la FEPADE, la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, el CISEN y otras instancias de inteligencia. También debe despejar con firmeza la duda sobre la imparcialidad de su recién nombrado titular de la Unidad de Fiscalización.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por su parte, deberá tener también capacidades técnicas de auditoría para discernir si los esfuerzos de fiscalización fueron suficientes e imparciales.
El tránsito hacia la democracia no ha sido fácil para nuestro país y uno de sus mayores enemigos es el uso de dineros ilícitos en las campañas. El caso de Chihuahua prende las alarmas de lo que puede ocurrir en las próximas elecciones por lo que será muy importante evitar estos ilícitos.
